DOCUMENTO-BORRADOR POLÍTICO DE PENSANDO VISTALEGRE

Resumen :
Este borrador se piensa a sí mismo como un buque de carga con los contenedores vacíos. Queremos llenarlos en muchos puertos. Queremos construir una propuesta a partir de un proceso participativo en el que cada persona, cada grupo, cada círculo aporte sobre aquello en lo que lleva pensando y trabajando mucho tiempo. Desde Pensado Vistalegre proponemos a todo Podemos, con independencia de familias o afinidades personales, propuestas sobre aquello que consideramos más importante, sin moldes, sin textos que enmendar. Abrimos el espacio virtual pensandovistalegre.info y lo utilizaremos hasta el viernes 27 de Enero. El sábado 28 os convocamos a todas y a todos en Madrid para plantear, debatir y confeccionar un elenco de propuestas que llevar a todos los equipos para que las incorporen a sus documentos y, sólo si tal cosa no fuese posible, convertir lo que construyamos ese día en un documento propio.

Explicado este marco, las propuestas que formulamos aquí son provisionales y susceptibles de ser modificadas en el encuentro presencial que celebraremos el sábado 28 de Enero en Madrid.

1. INTRODUCCIÓN.
Mayo de 2011. La crisis económica mostraba ya por aquel entonces su peor cara, golpeando con dureza a millones de ciudadanos y ciudadanas a lo largo de todo el país. El desempleo, la precariedad, los recortes, los desahucios, la emigración y la frustración de las expectativas de muchos jóvenes, privados de los frutos cosechados durante largos periodos de formación y sacrificio personal y familiar, dibujaban un escenario sombrío. Junto a tales circunstancias, la crisis política e institucional ponía también de manifiesto las grietas que erosionaban el Régimen del 78. El edificio construido entonces resultaba cada vez menos habitable. Los escándalos de corrupción, un contexto constitucional anquilosado y el descrédito de instituciones y partidos políticos ponían en tela de juicio la calidad de la democracia en España.
Pero fue también en mayo de 2011 cuando se produjo el despertar de la sociedad española y el final de su resignación. Las plazas de todo el país se convirtieron en foros ciudadanos en los que se exigía una mayor y mejor democracia. Salía el sol frente al escenario de desolación impuesto. El movimiento 15M instauró una nueva mirada que observaba la realidad con otros ojos. Un nuevo lenguaje traducía el clamor popular que llevaba tiempo gestándose no sólo en diferentes espacios de militancia y acción colectiva, sino también en las cenas familiares, en la cola del INEM o en las despedidas de los aeropuertos de quienes habían de marcharse lejos en busca de oportunidades. Otras movilizaciones sociales como la marea verde, la marea blanca y las marchas de la dignidad fueron uniéndose también a esa ola de desobediencia y cambio que desataba una segunda transición que, a día de hoy, continúa en marcha.
Podemos nació del clamor en las plazas, de la indignación y de la esperanza que llenaron las calles. El ciclo de movilización iniciado en aquel mes de mayo, así como todo lo que aprendimos y vivimos en su transcurso, constituye el germen de nuestra organización. Podemos nació para ser una herramienta de la gente, un instrumento de las mayorías al servicio del cambio. Ese es nuestro propósito, y tal es la tarea que nos da sentido.
Desde nuestros primeros pasos han transcurrido apenas tres años. Sin embargo, pese a la juventud del proyecto, han sido ya numerosos los logros alcanzados. El bipartidismo ha resultado herido de muerte y nadie pone hoy en cuestión la importante transformación experimentada por el sistema político español. Hemos participado, además, en la conformación de alcaldías del cambio en numerosas ciudades del país, y contamos con una presencia destacada en instituciones de ámbito autonómico y estatal. Más de cinco millones de votos dan cuenta de la ilusión y la fortaleza de este proyecto colectivo. Asimismo, hemos introducido en la agenda cuestiones fundamentales como la pobreza energética, hemos elevado la voz contra la injusticia y la impunidad e incluso hemos conseguido que los viejos partidos adopten nuestra gramática. Han tratado de parecerse a nosotros, se han “disfrazado” de nosotros mediante nuevas caras y nuevas fórmulas, pero sus políticas continúan al servicio de una minoría privilegiada. En definitiva, hemos contribuido a cambiar de modo irreversible los ejes sobre los que gravita la acción política en nuestro país. Y para ello, Podemos ha sido parte de un esfuerzo colectivo en el que han participado numerosos actores políticos y sociales. Todo esto son logros de los que hemos de sentirnos orgullosos.
El país ya ha cambiado. Pero esos cambios son aún insuficientes, porque han afectado más al sistema político y de partidos que a la realidad laboral, económica y familiar de las grandes mayorías sociales de nuestro país. Por ello, nuestro reto original sigue vigente. Construir entre todas y todos por una sociedad que erradique el machismo, laboralmente más justa, con una institucionalidad sin espacio para la corrupción y una estructura territorial respetuosa con los derechos e identidades de todas las personas, continúa avanzando. Y su final todavía no está escrito.
A lo largo de todo este proceso hemos superado obstáculos, hemos cometido errores, hemos aprendido y hemos logrado pequeñas victorias. Y lo hemos conseguido unidos, debatiendo, construyendo. Esa unidad nunca significó – ni pretendió hacerlo – uniformidad. En una organización democrática las diferencias políticas entre compañeros y compañeras constituyen siempre un caudal de riqueza, que nos fortalece y nos ayuda a crecer. De este modo, la diversidad conforma una suerte de caleidoscopio cuyos colores y formas enriquecen el debate y las propuestas de la organización.
La próxima Asamblea Ciudadana será el espacio de discusión y encuentro del que saldrá la hoja de ruta que guíe nuestros pasos hacia el país que queremos. Allí dibujaremos un mapa de propuestas sobre los cambios políticos, económicos, institucionales y culturales que la sociedad comenzó a exigir en aquel mayo de 2011. Para ello, es imprescindible acordar cuáles serán las reglas democráticas mediante las que Podemos estructurará su organización y dará forma a su trabajo cotidiano. Es necesario pensar en un Vistalegre en el que construyamos acuerdos estables y duraderos para Podemos, la más hermosa herramienta de transformación social construida por las mayorías sociales en las últimas décadas. Cuidarla es obligación de todos y todas.
No olvidemos que este es, aún, el momento para el que nacimos y debemos estar a la altura.

2. ESPAÑA HOY: UNA SEGUNDA TRANSICIÓN QUE NO DEBE CERRARSE EN FALSO.

Nuestro país vive una segunda transición –una suerte de tiempo histórico acelerado– cuyo final no está escrito. Podemos asumió la responsabilidad de que esa transición no se cierre en falso, y de intentar que desemboque en la conformación de una sociedad menos machista, laboralmente más justa, con una institucionalidad donde no quepa la corrupción, y con una estructura territorial más respetuosa con los derechos e identidades de todas las personas. En definitiva, Podemos asumió el reto histórico de profundizar la democracia en nuestro país.
En esta legislatura es seguro que los partidos de la gran coalición promoverán una reforma constitucional cuyo principal objetivo será construir una narrativa regeneracionista que actúe como contrafuerte del desmoronado marco constitucional del 78. Podemos asumió la responsabilidad de abrir el debate sobre el cambio constitucional (reforma constitucional, cambio constitucional, proceso constituyente) y ahora que hemos logrado ser la primera fuerza de la oposición en nuestro país debemos utilizar el caudal de fuerza que nace de ese lugar político e institucional. Debemos ser capaces de crear y mantener abierto todo un caudal constituyente que, literalmente, pase por encima de los intentos de cierre constitucional “por arriba” que seguro veremos. Estamos convencidas de que tenemos en nuestras manos una organización con el potencial necesario para provocar una ola democrática en todo el país.
La extensión e intensificación crecientes de los graves problemas laborales, económicos y sociales de las mayorías en España que caracterizó el período 20082013, ha dado paso a una etapa de relativa estabilización, abierta en 2014 y sostenida hasta hoy. A partir de 2014, las clases medias españolas han visto cómo se frenaba la velocidad de la caída hacia el desclasamiento que en los años anteriores había desplazado hacia zonas de riesgo de pobreza a más de tres millones de personas.
En un primer momento, el gobierno del PP acompañó la apertura de la fase estabilizadora con un discurso de apelación recurrente a la provisionalidad. Los daños perpetrados a las clases medias a lo largo de la crisis se describían como transitorios, males provisionales que se revertirían cuando comenzase el ciclo de crecimiento. Siempre mediante apelaciones abstractas, lo apostaron todo a la salida del dintel de la recesión. Sin embargo, tan pronto como el crecimiento económico ha vuelto, pero este no se acompaña de bienestar social, ese discurso ha quedado totalmente hueco.
Hoy ni el gobierno ni sus aliados (PSOE/C´s) plantean a la ciudadanía una apuesta por la recuperación del poder adquisitivo de los salarios equivalente al período previo a la crisis, o la recuperación y ampliación de los derechos sanitarios y educativos. En

España la crisis ha desencadenado la transición hacia un modelo laboral, salarial y asistencial nuevo, con más precariedad, con menos seguridad y con menos derechos, y este nuevo modelo no cambia su tendencia aunque las condiciones macroeconómicas mejoren.
Así las cosas, la principal tarea del gobierno y sus aliados (PSOE/Cs) en esta legislatura es la de normalizar la excepción, es decir, convencer al conjunto de las clases medias supervivientes que su actual precariedad no es tal, que sus actuales derechos aportan seguridad suficiente y que la incapacidad del sistema productivo español para crear empleo cualificado y estable es estructural, por lo que sólo cabe normalizar la situación y aceptar que la generación mejor formada de la historia de nuestro país tendrá empleos precarios de por vida, carecerá de subsidios y derechos cuando sea expulsada del mercado laboral, pero siempre podrá emigrar. Pretenden hacernos creer que no es posible otro mercado laboral, otro modelo productivo y energético, que no es posible otra democracia y otra institucionalidad. La crisis de régimen ha llegado a la segunda fase: el repliegue reaccionario.
La magnitud de los problemas que atraviesan las grandes mayorías sociales en España requiere soluciones a su medida y, por eso, desde nuestro punto de vista, es necesario abrir en nuestro país tres grandes procesos de cambio –económico, político y social–, e inscribirlos en un profundo proceso de cambio constitucional.
Debemos trabajar para garantizar que la nueva sociedad que está naciendo en España tendrá un mercado laboral más justo, un tejido productivo más moderno y de mayor valor añadido, un modelo energético más sostenible, menos machismo, menos corrupción, más participación ciudadana, más derechos y más soberanía. Debemos trabajar, además, para que dichas conquistas perduren, permeen las instituciones y no sean pasajeras.
Una herramienta política útil debe servir no sólo para acompañar las demandas y luchas de nuestra sociedad. Podemos debe servir además para disputar el futuro, debe ayudar a dibujar un horizonte de ilusión y cambio para la mayoría social. Dibujar este horizonte de ilusión y cambio exige –como bien nos enseñó el movimiento 15M– transformar la indignación popular en una estrategia concreta de reformas, de proyectos a impulsar tanto en las instituciones como en alianza con los colectivos de la sociedad civil.

3. NUESTRO PROYECTO DE PAÍS: EL PROCESO DE CAMBIO CONSTITUCIONAL
Hasta hace unos años, apenas habían aparecido en el debate público los enrevesados mecanismos de cambio constitucional que prevé la Constitución de 1978. En efecto, esta “reforma imposible” de nuestra Carta Magna, como la califica el profesor Pérez Royo, no había llamado la atención más que de algunos políticos, académicos y eruditos. Al fin y al cabo, la aplicación de su texto y su espíritu había garantizado razonablemente el desarrollo de un régimen de libertades y derechos francamente desconocido en la historia de la España de los últimos dos siglos. ¿Por qué pensar en cambiarla entonces?
Sin embargo, algunos de los límites democráticos que entonces caracterizaron aquella “transición vigilada” que alumbró el texto del 78, se han ido haciendo cada vez más injustificables a los ojos de una nueva generación de españolas y españoles que, por ejemplo, no entienden un sistema electoral falto de proporcionalidad –y por tanto, difícilmente representativo–. Ni mucho menos el por qué no existen herramientas constitucionales efectivas que garanticen, y procuren los recursos, para el ejercicio de nuestro derecho a un trabajo y a una pensión dignas, a una vivienda digna, a unas condiciones de vida dignas. Por qué el Estado no se dotó, en sus cimientos constitucionales, de los contramuros que aseguraran una administración pública y de justicia transparente y saneada, sin puertas giratorias, obligada constitucionalmente a rendir cuentas a la ciudadanía.
Pues bien, cuanto más evidente se ha ido manifestando la necesidad de actualizar y mejorar nuestro marco constitucional, más sofisticadas parecían las lecciones de derecho que hemos escuchado del bipartidismo. Gracias a ellos, aprendimos lo que significaba el doble candado y la imposibilidad material de afrontar ninguna reforma de calado, gracias a los mecanismos de bloqueo que ellos mismos se reservaron. Pero hete aquí que un día del verano de 2011, todas nos levantamos con una reforma exprés del artículo 135, pactada con nocturnidad por el bipartidismo. Resulta que, aquello que no se podía reformar sino en meses o años, se reformó en una noche. Y además, se reformó no el sentido que clamaba la gente, sino para terminar de convertir en mera fórmula declarativa, en auténtico papel mojado, la enumeración de derechos sociales y económicos contenidos en el texto constitucional.
Respecto a la cuestión territorial, el diseño constitucional fijado hace cuarenta años, fue capaz de promover un grado de autogobierno para las distintas naciones que componen nuestro país desconocido hasta entonces, así como un grado de descentralización administrativa objetivamente acelerada. La descentralización autonómica, con sus luces y sus sombras, ofrece un balance positivo. Sin embargo, España ha sido incapaz de incorporar en su subjetividad identitaria el orgullo y el

afecto hacia la diversidad y la pluralidad nacional del país. Actualmente, el pico de esas contradicciones se revela en Cataluña. Tras un nuevo Estatuto aprobado por el Parlament en junio de 2006, el Estado primero “pulió” en la Cortes Generales (según la expresión empleada por Alfonso Guerra), y finalmente, rechazó en el Tribunal Constitucional, su implementación. A partir de entonces, la falta de alternativas por parte de los últimos gobiernos para una salida democrática a esta situación ha sido notoria, exasperante, y está en la raíz de la ola independentista, que se ha extendido hasta alcanzar una porción muy importante de la sociedad catalana. Por desgracia, en lugar de haber abierto un sano debate constituyente sobre el encaje territorial del Estado, para invitar así a todos los pueblos de España a trabajar unidos, en beneficio de la modernización de nuestro pacto constitucional, los sucesivos inquilinos de La Moncloa convirtieron la Constitución en escudo y coartada del inmovilismo. Tal es así que, de un modo cansino, el bipartidismo la ha citado y empleado para abortar cualquier revisión democrática de nuestro modelo territorial.
En gran medida, las costuras del Régimen del 78 se han abierto por sus cordones constitucionales. Por eso, y desde hace años, ha ido instalándose progresivamente el debate sobre la reforma constitucional. Y en última instancia, sobre la pertinencia de convocar al poder constituyente –a la propia ciudadanía- para blindar así todos nuestros derechos en una Carta renovada. Ello ha retumbado con fuerza en nuestra organización, y entre otras iniciativas, se ha traducido ampliamente en los programas con los que concurrimos a las dos últimas elecciones generales.
El sonido de estos debates ha alcanzado tal magnitud que el gobierno del partido más inmovilista de la década ha llegado a admitir, no hace mucho, la necesidad de revisar el texto constitucional. Sin conocerse aún, a estas alturas, el sentido, la profundidad, siquiera los capítulos afectados por esta propuesta, sus dos socios, PSOE y Ciudadanos, han corrido ya prestos a arrogarse el mérito de haber modificado el criterio al PP. Quizá haya reformas. Pero, si las hubiera, estarán destinadas a convertir todas las energías de cambio constitucional que hoy se extienden por nuestro país en frustración primero, y finalmente, en resignación. Al final –piensan- lograrán normalizar la excepción, también por la vía constitucional.
Nosotras creemos que se equivocan. En frente tienen a un pueblo que quiere volver a hacer suya la Constitución, y que no va a aceptar un mero acuerdo de despachos. Por eso, creemos que será tarea fundamental de nuestra organización política en este nuevo periodo que se abre, la de servir con todos los medios a nuestro alcance, a la causa de una reforma profunda en nuestro país, que reubique democráticamente el espacio constitucional en el que el Estado –todas nosotras- nos movemos. Y por ello, debemos salir de Vistalegre II con una mirada clara sobre el modo de poner en marcha una ola constituyente, que convoque a una mayoría ciudadana, dispuesta a superar los intentos de cierre oligárquico, que seguro pondrá en marcha el gobierno y sus aliados.

Lamentablemente, los tres partidos que tenemos hoy enfrente cuentan con los números parlamentarios suficientes para imponer un nuevo cierre en falso, también en el terreno de la reforma constitucional. Ahora bien, nuestro grupo parlamentario confederal tiene la facultad de activar la consulta a referéndum para cualquier reforma de la Constitución (art. 167.3), un dispositivo constitucional que hasta ahora nunca había estado fuera del control del propio bipartidismo.
Sin embargo, el objetivo de abrir el caudal constituyente en todo el país no puede ser solo tarea de un puñado de diputadas y senadoras. Sin duda, tendremos que jugar el rol que nos toca en el gran teatro de las Cortes Generales. Pero este rol nos tendrá sentido sin un pueblo detrás que lo empuje. Y ahí hará falta un partido que ejerza de dinamo, para trasladar el debate constitucional a las plazas y calles de España; a los vecindarios, a los centros de trabajo, a los lugares de ocio y encuentro.
Por eso, desde el Colectivo Mayo 2011, animamos a pensar en un partido orientado hacia una pedagogía constituyente, que sintetice una posición genuinamente democrática respecto a cinco de cinco pilares constitucionales:
 El blindaje de los derechos sociales, como la educación, la salud, la vivienda, el trabajo y las pensiones dignas.  En consonancia con lo anterior, la transición hacia un modelo productivo ecológicamente sostenible y de mayor valor añadido.  La reforma de la administración pública, para hacer de ella un instrumento más ágil, menos corrupto, y orientado a las necesidades de la gente.  La igualdad política de todas las españolas, de modo que el voto de cada persona tenga el mismo peso y valor.  La plurinacionalidad del Estado, y el derecho de los pueblos a decidir democráticamente sobre la relación política con el resto de España.

4. MODELO TERRITORIAL DEL ESTADO

Especialmente en relación a la cuestión territorial, esta propuesta esperará a la celebración del encuentro presencial del próximo 28 de Enero para formular un modelo consensuado. Planteamos no obstante algunas cuestiones inscritas en el ADN de Podemos como punto de partida para el debate:
La estructura territorial que queremos para nuestro país se define por el reconocimiento de la plurinacionalidad de España y a la multiplicidad de estructuras territoriales no necesariamente homologables en todo el territorio.
El desarrollo de los procesos de descentralización propuestos en el título VIII de la Constitución a lo largo de las últimas tres décadas ha revelado imprescindible una reformulación del modelo territorial, para que todas las naciones, comunidades políticas y territorios puedan encontrar su encaje dentro de España si así lo deciden.
Ello, para poder garantizar que se haga desde la plena adhesión a un proyecto común, debe tener como correlato la aceptación del derecho a decidir en aquellas naciones que lo hayan planteado con especial intensidad. Es en ese marco, el de la reconstrucción de un proyecto común, que debemos desarrollar un Estado plurinacional donde todas las comunidades nacionales y culturales puedan desarrollarse en un marco igualitario y solidario sin imposiciones.
Debemos empezar así por el reconocimiento previo y especifico de las diversas realidades nacionales, para poder abordar después el modelo territorial, mientras aseguramos el respeto a los diversos campos competenciales. Así pues, entendemos España como país de países, valorando positivamente su rica diversidad nacional, cultural y lingüística.
La refundación de un proyecto de este tipo pasa por tres dimensiones: el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado, la reforma del sistema de financiación y el repensar el modelo de organización territorial. Así pues, en primer lugar, debería procederse al reconocimiento efectivo del carácter plurinacional. La Constitución vigente sólo reconoce una nación -la española- y mantiene en una posición de subalternidad las otras naciones que conviven en el Estado.
La segunda dimensión tendría que caminar hacia la reformulación del modelo de financiación para que cada comunidad pueda ejercer sus competencias. En este sentido consideramos que este modelo debería basarse en los principios de suficiencia, equidad, justicia territorial y solidaridad interterritorial. Por otra parte, debe ser una financiación justa, lo que consideramos que podría alcanzarse mediante la introducción flexible del principio de ordinalidad; y debe haber un reparto solidario en función de las necesidades sociales de cada territorio.
El tercer eje de este proyecto pasa por la articulación de un modelo territorial que dé cabida a la diversidad y complejidad de las diferentes voluntades de acceso al autogobierno.
Se debe modificar la Constitución, con el objeto de reconocer y respetar la realidad plurinacional y de comunidades políticas que conforman España. Condición que conlleva el establecimiento de mecanismos de concertación y bilateralidad acordes al nuevo modelo territorial que debe derivarse de este reconocimiento. Se debe desarrollar además un nuevo marco competencial que garantice la ampliación de los poderes en un nuevo marco territorial. Se deben blindar constitucionalmente las competencias de las comunidades autónomas, con la excepción que los parlamentos autonómicos aprueben por amplia mayoría el desblindaje competencial y la transferencia de estos servicios competenciales a otra administración. Con estas actuaciones se debe evitar el vaciado de competencias y las políticas de recentralización practicadas los últimos años por el Gobierno estatal.

5. POR UN CAMBIO DE MODELO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO
El “milagro económico español” del que actualmente habla el gobierno del Partido Popular dista mucho de ser real. Sigue siendo necesario un cambio profundo en la política económica, que permita una verdadera salida de la crisis y garantice los derechos y el bienestar de la mayoría social. Además, los avances que se han realizado en la transformación de nuestra estructura productiva son nulos. Es necesario asegurar su sostenibilidad económica y ambiental.
5.1 Un diagnóstico de la situación actual
Es cierto que durante los años 2015 y 2016 España ha experimentado de nuevo crecimientos positivos del PIB, gracias en buena medida a la política monetaria del BCE, a la evolución de los precios del crudo, y –tras años de durísimos recortes del gasto público– a un tono expansivo de la política fiscal. Pero estamos lejos de poder hablar de una verdadera “salida de la crisis”.
España aún no ha recuperado los niveles de PIB per capita existentes en 2007 y tenemos 2,5 millones de empleos menos que antes de la crisis. Una auténtica década perdida. Además, los salarios han perdido casi un 10% de su capacidad adquisitiva, el nuevo empleo que se está creando ha generalizado una terrible precariedad y se extiende la pobreza salarial, hasta el punto de que el 28% de las personas viven ahora en riesgo de pobreza o exclusión social. Asimismo, las reformas aprobadas por el PSOE y el PP supondrán en los próximos años un fuerte deterioro de las pensiones. En definitiva, como consecuencia de las políticas adoptadas durante la crisis, el actual crecimiento del PIB es compatible con dejar atrás a un tercio del país.
Tan importante como dejar atrás la crisis es hacerlo en condiciones que no conlleven una salida en falso de la situación actual. Volver al modelo del ladrillo, al trabajo precario, a los bajos salarios, a la falta de productividad o a la infradotación estructural de nuestros servicios públicos no parece una buena solución a nuestros problemas. Y sin embargo, estos elementos no sólo siguen presentes en nuestra economía, sino que algunos incluso se han agudizado.
Hoy comprobamos cómo no se está produciendo una transformación de nuestro modelo de crecimiento, y persisten los problemas tradicionales de nuestro modelo productivo. En lo fundamental, los sectores tractores de la economía siguen sin estar situados en los tramos de mayor valor añadido, ni existe política industrial alguna que apunte a un cambio significativo. La inversión en I+D sigue muy lejos de la media europea. El grueso del empleo es de bajos salarios y se crea en pequeñas empresas, o incluso microempresas. Abunda la temporalidad injustificada y se profundiza un patrón de distribución de la renta regresivo que fragiliza la demanda y deteriora la cohesión social.

A pesar de que factores como los precios del petróleo, el comportamiento del turismo o el esfuerzo durante la crisis de muchas empresas para buscar en mercados exteriores la demanda necesaria han evitado de momento la aparición de déficits exteriores, se mantiene la dependencia importadora en bienes fundamentales para la continuidad del crecimiento (particularmente bienes de capital y energía). Y, desde luego, hay una ausencia total de planes para impulsar la sostenibilidad y descarbonización de nuestro tejido productivo.
5.2 Los grandes desafíos económicos para los próximos años
Los desafíos que tiene nuestra economía son muchos, pero tratamos de resumirlos en tres grandes epígrafes.
1. Garantizar el derecho al trabajo y crear empleos decentes: La crisis ha destruido más de 3 millones de empleos, y el número de parados sigue siendo hoy superior a los 4 millones, a los que hay que añadir los trabajadores desanimados, los desplazados a otros países por motivos económicos y los trabajadores con contratos a tiempo parcial pero que sin embargo desearían trabajar a jornada completa. Sólo se ha recuperado algo más de un tercio del empleo destruido durante la crisis, y los empleos creados son además de muy mala calidad (precarios, de bajos salarios y escasos derechos, y de limitada productividad). Es una prioridad incorporar al mercado de trabajo a quienes ahora se encuentran fuera de él, y hacerlo en condiciones dignas (remuneración adecuada, estabilidad y con derechos). Cuando el sector privado no sea capaz de generar suficientes empleos, el sector público debe actuar de forma subsidiaria garantizando el derecho al trabajo, tal y como establece nuestra Constitución. Esto requiere medidas de carácter macroeconómico para asegurar un crecimiento que permita reducir el desempleo a un ritmo socialmente aceptable; medidas estructurales, para crear empleos en sectores con mayor valor añadido y estabilidad; y reformas de las relaciones laborales, para combatir directamente la precariedad laboral y salarial.

2. Reducir drásticamente las desigualdades, incluyendo la discriminación de género: España es el país europeo en el que más ha aumentado la desigualdad desde el inicio de la crisis. Todos los indicadores de privación material se han deteriorado. El incremento del desempleo, la devaluación salarial y la erosión del Estado de Bienestar derivada de las políticas aplicadas explican esta situación. Se necesitan políticas dirigidas a mejorar la situación de los más perjudicados, una potente labor redistributiva impulsada por el sector público (por la vía de los ingresos y los gastos), un cambio en el mercado de trabajo que lo facilite y una recuperación del crecimiento de los salarios. Estas políticas, además, deben diseñarse de forma que sean herramientas eficaces para luchar contra las desigualdades entre mujeres y hombres.

3. Transformar el modelo productivo y hacerlo más eficiente y sostenible: El modelo productivo de la economía española se caracterizaba desde antes de la crisis por graves problemas estructurales que lo hacían insostenible y, a pesar de la retórica de las reformas económicas, éstos no se han abordado. Nuestra economía sigue teniendo pendiente acometer grandes desafíos estructurales: 1) reforzar el peso de aquellos sectores con mayor contenido tecnológico, crecimiento de la productividad y capacidad exportadora; 2) impulsar un nuevo patrón energético y reducir el peso de aquellos sectores insostenibles y con mayor peso de emisiones en CO2; 3) impulsar una reforma del mercado de trabajo que garantice y profundice la conciliación laboral y la corresponsabilidad en las tareas de cuidados para aprovechar plenamente el potencial productivo de nuestra sociedad (ahora desperdiciado por los límites a la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo); 4) asegurar la suficiencia de nuestro sistema fiscal, reforzando además su progresividad; y 5) favorecer la financiación del tejido empresarial español, y en particular de las PYMES y autónomos de nuestra economía, garantizando la plena cobertura de las necesidades productivas y sociales.

5.3 Un nuevo modelo económico y productivo para nuestro país
La crisis que hemos vivido, y la década perdida que se extiende ya desde finales de 2007, evidencian el fracaso del neoliberalismo. Este modelo de gestión se ha demostrado no sólo injusto, en tanto en cuanto ha alumbrado patrones sociales más desiguales, sino también profundamente ineficiente para garantizar los grandes retos económicos de nuestra sociedad. Debemos avanzar hacia un modelo económico que deje atrás el modelo neoliberal, y que garantice un proyecto de cambio que ponga por delante las necesidades productivas y sociales de nuestro país.
Las políticas de progreso para los próximos años no pueden consistir sólo en apuntalar el crecimiento, ya que el aumento del PIB no es el maná que, por sí solo, solucionará los problemas de la mayoría. Por un lado, es preciso evitar que tenga éxito lo que seguramente sea la principal tarea del Gobierno de Rajoy y de sus aliados del PSOE y Ciudadanos: el intento de que la regresión de derechos (recortes en servicios públicos, reforma laboral, reforma de las pensiones) se normalice. Por otro, es necesario impulsar una verdadera transformación de nuestro modelo de crecimiento. De lo contrario volveremos a repetir los mismos errores del pasado, y lo seguirán pagando los mismos sectores sociales.

Un verdadero proyecto de cambio para nuestro país, que deje atrás el modelo neoliberal, debe contemplar, al menos, los siguientes ejes de política económica:
1. Fin de la austeridad. Reconstruir y profundizar un verdadero Estado del Bienestar, con garantías constitucionales. Debemos robustecer la creación de empleo, y profundizar los precarios servicios públicos de nuestro país. Para ello es necesario poner definitivamente punto y final a la austeridad fiscal, y pasar a revertir los recortes de años anteriores. Fortalecer y profundizar el Estado de Bienestar exige no condicionar toda la política económica al objetivo de reducir el déficit público por debajo del 3%, como plantean el gobierno y sus aliados, PSOE y Ciudadanos. En este sentido, es vital suavizar la senda de reducción del déficit, y condicionar dicha reducción a la previa disminución del desempleo. Podemos debe ser una fuerza que eleve la voz en Europa contra el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, auténtico corsé de una política económica autónoma. Desarrollar las políticas necesarias para que el crecimiento económico llegue a todos los hogares exige reconocer algunos derechos sociales como “garantías ciudadanas” (sanidad, educación, u otros servicios públicos fundamentales).

2. Una verdadera política industrial, que transforme el modelo de crecimiento. El aumento del protagonismo de aquellos sectores con mayor contenido tecnológico, mayor crecimiento de la productividad y más capacidad exportadora no se producirá de forma espontánea, gracias a la “mano invisible” del mercado, sino que exigirá una política industrial activa, entendida en un sentido amplio. La acción de los poderes públicos en el desarrollo industrial de los sectores punteros es clave, así como también lo es para impulsar la innovación. Es necesario garantizar la convergencia en los niveles españoles de I+D+i con la UE, y también imitar los precedentes de otros países europeos en los que la banca pública se pone al servicio de la financiación del tejido empresarial en aquellos sectores que se identifican como estratégicos. Bankia no debe ser reprivatizado, sino que debe ser el embrión de un sistema de banca pública que se ponga al servicio del cambio de modelo productivo del país.

3. La transición energética. Este debe ser un vector clave del cambio de modelo, en tanto que puede servir de “palanca” para catalizar su transformación y contribuir a la solución de varios problemas estructurales de nuestro país: permitiría disminuir la factura importadora y con ello el desequilibrio externo, facilitaría la reabsorción del desempleo y reduciría significativamente las emisiones de CO2. Para que esto sea algo más que una declaración de intenciones, es necesario que las autoridades adopten planes de inversión a medio plazo orientados a promover, por un lado, la eficiencia energética (rehabilitación de los edificios y sus envolventes, mejora de la red eléctrica, transporte, ahorro energético en la industria). Por otro lado, estos planes de inversión también deben ir destinados a propiciar la sustitución del consumo de energía proveniente de combustibles fósiles y de centrales nucleares por energías limpias y renovables.

4. Un nuevo modelo de distribución de la renta. Las rentas del trabajo han perdido peso progresivo en la renta nacional, hay un 15% de trabajadores pobres y la experiencia más reciente nos muestra que el crecimiento del PIB no es garantía por sí solo de creación de empleo de calidad y con derechos. Es imprescindible abandonar la lógica de la “devaluación interna”, derogar la reforma laboral y avanzar hacia una nueva regulación que restituya el equilibrio en la negociación colectiva, combata la generalización de la temporalidad injustificada y fraudulenta y garantice suelos salariales decentes. El modelo de distribución en nuestra sociedad lleva varias décadas penalizando a las rentas del trabajo, a los autónomos y a los pequeños empresarios, en favor de las rentas del capital y los grandes patrimonios. Es necesario invertir esta tendencia, y avanzar hacia la democratización de la economía y la riqueza. Impulsar una reducción generalizada de la jornada laboral permitirá retomar la tendencia – cortada con el inicio de las políticas neoliberales– hacia un reparto más equitativo de la renta y del tiempo. Permitirá conciliar mejor la vida laboral y la vida personal, así como repartir mejor los trabajos productivos y reproductivos en nuestra sociedad. Avanzar en la democratización de nuestro país exige avanzar en la democratización de nuestra economía y eso, hoy, pasa por trabajar menos horas para trabajar todos. El gran salto cultural que nuestra sociedad está demandando en materia de igualdad exige medidas audaces. Es imprescindible además fortalecer las políticas sociales y la protección al empleo para reducir las desigualdades. Revertir los recortes sobre los servicios básicos del Estado de Bienestar (educación, sanidad, pensiones y atención a la dependencia), ayudará a reducir las desigualdades que se han acumulado en este periodo, pero no basta. Debemos iniciar una senda de expansión de dichos servicios en la línea de convergencia con la UE. Además, urge implantar una Renta Garantizada que erradique la pobreza monetaria de los más de 8 millones de personas que en este momento se encuentran en esta situación en nuestro país. Muy especialmente es apremiante una reforma de las pensiones que evite su progresiva erosión, reconectando su actualización con la inflación y derogando el llamado factor de sostenibilidad.

5. Reestructuración de la deuda pública y privada. Es necesario no sólo reducir los elevados niveles de deuda, sino también abrir el debate sobre cómo distribuir los costes asociados a dicho endeudamiento. Hasta la fecha han sido los hogares y los contribuyentes, en definitiva la mayoría social, quienes han asumido el grueso de los costes vinculados tanto al estallido de la burbuja inmobiliaria como los relativos al rescate de las instituciones financieras. Ha llegado el momento de repartir mejor las consecuencias económicas y sociales del elevado endeudamiento de nuestra economía. Esto permitirá no sólo fortalecer la demanda interna y, con ello, el crecimiento económico. También contribuirá a modificar el patrón de distribución en beneficio de la mayoría social. Hace falta para ello proceder a una reestructuración de la deuda pública y privada: 1) Apoyaremos e impulsaremos soluciones al problema de la deuda a nivel europeo que no supongan, como hasta ahora, el sacrificio del bienestar de los ciudadanos. Estas medidas han de pasar por la convocatoria de una Conferencia Europea que impulse una mutualización de las deudas en torno al BCE. 2) La devolución de la deuda pública contraída con la UE (vía Memorando de Entendimiento) para rescatar al sector financiero debe ser soportada por las propias instituciones financieras, que son las que se han beneficiado de ese rescate, a través de un “impuesto de solidaridad”; y 3) La reestructuración de la deuda hipotecaria de los hogares debe permitir que las entidades financieras asuman, mediante una reducción en el valor nominal de las hipotecas y mediante la dación en pago, parte del coste de la burbuja inmobiliaria, con la consiguiente reducción de la deuda privada.

6. Atajar la discriminación económica entre hombres y mujeres. No podremos hablar de un verdadero cambio en el modelo productivo sin atajar la discriminación de las mujeres. Esta pieza es clave, pues impulsar la igualdad supondrá no sólo trabajar por la justicia social, sino también aprovechar plenamente el potencial productivo de nuestra sociedad. El cambio laboral que nuestro país necesita debe servir no sólo para restablecer los derechos perdidos, para modificar el patrón de distribución a favor de las rentas del trabajo, y garantizar el empleo decente y estable. Debe también servir para cerrar la brecha salarial entre mujeres y hombres y, muy particularmente, para profundizar la conciliación laboral y la corresponsabilidad en las tareas de cuidados (con una verdadera financiación para nuestro sistema de dependencia, con la extensión de la educación de 0 a 3 años y con la equiparación e intransferibilidad de los permisos de paternidad y maternidad).

7. Una profunda reforma tributaria. Esta reforma debe perseguir dos objetivos: elevar los ingresos públicos (convergiendo hacia la media europea) para asegurar la financiación de los servicios públicos fundamentales y de las inversiones necesarias para la transformación económica; y 2) mejorar la progresividad del sistema (que el aumento de recaudación recaiga sobre los mayores niveles de renta). Esta ha sido desde sus inicios una seña de identidad de Podemos, habiendo conseguido instalar la idea en amplios sectores sociales de la necesidad de esta reforma.

8. Una nueva relación con Europa. Un cambio de modelo económico y productivo no podrá hacerse en ausencia de una nueva relación con la UE. Es necesario trasladar a Bruselas la firme voluntad de una acción pública transformadora que cuestione los recortes de derechos y las reformas regresivas, que los revierta, y que también aspire a modificar profundamente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, así como la pasividad de la política industrial en la UE. Es necesario construir las herramientas económicas y políticas que impidan que el intervencionismo externo decida nuevamente cual debe ser el rumbo de nuestro país.
Estos son los principales ejes de transformación del modelo económico y productivoque pensamos que Podemos debe impulsar. Esta es la vía que pensamos que es mejor para garantizar un país que priorice la creación de empleo frente a la drástica reducción del déficit público, que no deje a ningún ciudadano atrás y garantice la cohesión social, y que impulse la modernización de nuestro tejido productivo.

6. NUESTRA PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES.

Esta propuesta esperará a la celebración del encuentro presencial del próximo 28 de Enero para formular un modelo consensuado.
En todo caso, pensamos que deben ser las propias personas inscritas en Podemos quienes decidan sobre esta cuestión. En los seis meses posteriores a la celebración de la II Asamblea Ciudadana Estatal, se celebrará una consulta general y simultánea a todas las personas inscritas sobre la estrategia y las alianzas de Podemos en las elecciones municipales y autonómicas de 2019. En esa consulta, las personas inscritas deberán elegir en su respectivo ámbito municipal y autonómico al menos entre estas dos opciones: si prefieren que Podemos concurra a las elecciones municipales de 2019 con sus propias siglas en eventual coalición con otras formaciones políticas o si, por el contrario, prefieren que Podemos se integre en nuevos sujetos políticos. Los resultados de esta consulta serán vinculantes para todos los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos insulares y comunidades autónomos.

7. NUESTRA RELACIÓN CON OTRAS FUERZAS POLÍTICAS DE ÁMBITO ESTATAL Y DE ÁMBITO AUTONÓMICO.
Esta propuesta esperará a la celebración del encuentro presencial del próximo 28 de Enero para formular un modelo consensuado.
En todo caso, pensamos que deben ser las propias personas inscritas en Podemos quienes decidan sobre esta cuestión. En los seis meses posteriores a la celebración de la II Asamblea Ciudadana Estatal, se celebrará una consulta general y simultánea a todas las personas inscritas sobre la estrategia y las alianzas de Podemos en las elecciones municipales y autonómicas de 2019. En esa consulta, las personas inscritas deberán elegir en su respectivo ámbito municipal y autonómico al menos entre estas dos opciones: si prefieren que Podemos concurra a las elecciones municipales de 2019 con sus propias siglas en eventual coalición con otras formaciones políticas o si, por el contrario, prefieren que Podemos se integre en nuevos sujetos políticos. Los resultados de esta consulta serán vinculantes para todos los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos insulares y comunidades autónomos.

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